La Concertación, y la izquierda en general, reúnen a la mayor parte de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas hace más de 20 años en plena dictadura. Eso es un hecho innegable, como innegables que, para muchos de los afectados y sus familias, el dolor perdura hasta nuestros días. Si hay alguna herida histórica por la que Chile aún sufra, debiera ser ésta. Pero por lo ocurrido hace 30 años no podemos permitir que haya sectores en Chile que crean tener el monopolio de los DD.HH. y que sólo ellos puedan hablar o denunciar supuestos abusos.
Los casos de falsos detenidos desaparecidos que se han denunciado estos últimos días pueden ser considerados como el margen de error esperable de un sistema que no se luce por su rigor, sino por el interés de abarcar la mayor cantidad posible de casos. Así, el espacio a aprovechamientos mezquinos y el engaño está abierto. En ese sentido, la primera responsabilidad sobre estos casos no está en el Gobierno o en las comisiones que tuvieron a su cargo la redacción de la lista de los beneficiarios, sino que recae sobre aquellos que, abusando de la fe pública, pretenden ingresar a estas categorías para obtener beneficios que no se merecen ni les corresponde. Un gran daño le han hecho al sistema y a los familiares de los DD.DD. que ven como un grupo de desvergonzados se sirve de las luchas que ellos mismos han protagonizado...
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